La armonización de la Reforma constitucional en materia de justicia laboral con el orden jurídico nacional, es una tarea que no debe dejar de observarse y atenderse, pues en términos del artículo Segundo Transitorio del “Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral”, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas debieron haber realizado las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el referido Decreto. Reformar el marco jurídico laboral, es una medida necesaria e imperativa para atender el dinamismo jurídico, social y económico que requiere la justicia laboral en nuestro país.
La última reforma integral a la Ley Federal del Trabajo fue en 2012 y en ella se adoptaron modificaciones estructurales en beneficio de los trabajadores, con un equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. No obstante, en el entendido de que las ciencias jurídicas no son estáticas, es imprescindible no dejar a la deriva la modernización del marco jurídico laboral para que todos los sectores de la población, se les garantice y respeten los derechos humanos y tengan acceso a la justicia con imparcialidad legalidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. De acuerdo a lo anterior, esta reforma atiende el compromiso de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, en la cual es indiscutible la modificación a la Ley Federal del Trabajo.
