Todo Estado necesita un sistema de pesos y contrapesos para el control del poder, de esta manera son Estados de Derecho aquellos que mediante una constitución o norma fundamental positivizan los principios sobre los cuales se erige la organización político-jurídica de una Nación. Por lo regular, con una parte dogmática y otra orgánica, la Constitución de 1917 fue la primera en su tipo, comparándola con su antecesora, fiel al principio de división de poderes y garante de derechos fundamentales, fue pionera en elevar a rango constitucional los derechos humanos de segunda generación, constituyendo al Estado mexicano como el primer Estado Social de Derecho que además de reconocer, garantizar y proteger derechos civiles y políticos, salvaguarda grupos vulnerables tales como: trabajadores, obreros y jornaleros instituyendo en su beneficio una jornada máxima de trabajo, el derecho a la seguridad social y el reparto agrario.
No obstante lo anterior en este centenario de su promulgación, la Constitución de 1917 en el siglo XXI es completamente diferente a la vanguardista de inicios del siglo XX, y no sólo por las más de quinientas reformas a su texto, sino por la forma en que la Suprema Corte Justicia de la Nación órgano titular del control e interpretación constitucional, es ahora más que nunca garante de derechos humanos, ampliando sus fuentes de derecho a un bloque de constitucionalidad incluyente de normativa internacional y local que, por conducto del Control Convencional, Constitucional y Difuso, facultan al Poder Judicial para que dentro de los límites de su competencia imparta justicia procurando siempre aquella que más beneficie a la persona.
En resumen nuestra Constitución ha propiciado la evolución a un Estado Constitucional de Derecho en el que toda autoridad administrativa y judicial está obligada a salvaguardar la dignidad humana, ampliando los efectos protectores de la norma más allá de su contenido textual, en la medida que los nuevos criterios de interpretación lo permitan sin pasar por alto el principio de legalidad. Dicho esto la décima época en el Semanario Judicial de la Federación marcará las pautas sobre las cuales el nuevo Estado mexicano garantista de derechos debe asumir los retos que la vida moderna exige.
