El auge de la interdependencia de las naciones, impacta en el pueblo de México, cuya Constitución, no es ya su única ley fundamental, porque los tratados internacionales e interamericanos, de los que nuestra nación es parte, tienen rango constitucional.
Los Órganos de Control Constitucional y de Convencionalidad, de la Suprema Corte de Justicia Mexicana, fundamentan y motivan sus tesis y resoluciones, ya no solo en nuestra Constitución, sino en los Tratados Internacionales, destacando entre ellos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Las leyes por si solas, no gobiernan a un pueblo, ya que se necesitan juzgadores con una mentalidad dispuesta a hacer efectivos los principios de justicia pronta y equitativa, que son alma de los principios generales del derecho, constitucionales y convencionales.
La lectura de los artículos constitucionales y convencionales, se presta a diversas interpretaciones, según los intereses de los gobernantes y gobernados. Al existir conflictos de interpretación de las normas sustantivas y procesales, se llama a los intérpretes finales, que son los ministros de la Corte, para que resuelvan los casos en litigio. En este volumen se encuentra una selección de tesis del Pleno y las Salas de nuestra Corte, que resolvieron como deben entenderse, determinadas normas relacionadas con los derechos humanos y los bienes jurídicos protegidos, en cuestiones administrativas, fiscales, laborales, penales, civiles y electorales.
Los Estados donde más se respetan las leyes, no son aquellos que tienen la mejor Constitución, sino en los que existe una fuerza sólida de organizaciones de la sociedad civil, capaz de impedir a los poderes del estado, que interpreten las leyes a favor de los privilegios de sus burocracias judiciales y administrativas.
